Por Ricardo A. Guibourg
Para LA NACION
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Viernes 24 de octubre de 2008 Publicado en edición impresa
La primera enseñanza de la filosofía es que, si una pregunta no está bien formulada, es inútil buscarle respuesta. La segunda, que para formular correctamente una pregunta es preciso expresarla en palabras que todos puedan entender, cualesquiera que sean los intereses o los sentimientos con los que vaya a responderla. En un campo tan vinculado con intereses y sentimientos como es el derecho, esta depuración es bastante difícil y extraordinariamente rara.
Hace varios años, una catástrofe sucedió durante un concierto en un local llamado República Cromagnon. Hay una decisión judicial pendiente, pero innumerables ciudadanos han juzgado ya en su corazón. Cada uno ha identificado a una persona o a un grupo de personas como responsable o culpable del hecho.
¿Quién tuvo la culpa de Cromagnon? ¿El inconsciente entusiasta que tiró una bengala? ¿Los artistas o empresarios que acaso convocaban a arrojarlas? ¿El titular del local que instaló elementos combustibles? ¿Los bomberos o inspectores que, por ignorancia, negligencia o dolo, lo hayan permitido? ¿El que cerró una salida con candado? ¿El jefe de bomberos, que debía prevenir incendios? ¿El ex jefe de gobierno, responsable último de los inspectores? ¿Los asistentes, que se apiñaron en un lugar reducido, por lo que arriesgaron su vida y la de sus hijos pequeños?
Todos estos hechos, de ser confirmados, se hallan inscriptos en una interminable red de condiciones causales que, en su conjunto, determinaron la tragedia. No son los únicos, sin embargo. Alguien fabricó y vendió bengalas y elementos inflamables; alguien contrató a los inspectores; alguien votó al jefe de gobierno; alguien omitió educar a los jóvenes en principios y prácticas de prudencia en las aglomeraciones; algunos individuos, en ocasiones anteriores, aprovecharon la salida de emergencia para entrar sin pagar, lo que pudo influir como motivo para clausurar la abertura.
Las relaciones causales forman una espesa telaraña que, en teoría, abarca infinitos hechos dentro de un abanico abierto hacia el pasado. Entre todos ellos, elegimos alguno y, como nos parece relevante, lo llamamos "causa". Ninguno es, objetivamente, más ni menos condición causal que cualquier otro, pero uno o unos pocos suscitan nuestro interés, por razones políticas, morales, jurídicas o simplemente emotivas. Cuando la "causa" que hemos identificado se vincula con una consecuencia benéfica, la llamamos "mérito"; cuando la consecuencia es deplorable, la llamamos "culpa". Una vez aclarado el mecanismo, ¿quién o quiénes tienen la culpa de una tragedia como esa?
Los especialistas en derecho penal debaten acerca de una elaborada concepción de la culpabilidad, pero en el ámbito del discurso de los ciudadanos, mucho menos técnico, esta palabra deja un amplio campo a la selección de las condiciones causales (identificación de la causa) entre las numerosas que se hallen vinculadas con la conducta humana (requisito para convertir la causa en culpa).
¿Elegiremos como culpables a quienes introdujeron las condiciones más inmediatas? ¿A los que hicieron algo reprobable, cualquiera que fuere la cercanía de su relación causal con el resultado? ¿A los que han omitido impedir la catástrofe, aunque sea de manera poco inmediata? ¿Cómo valorar la incidencia que habrían tenido en el resultado las acciones que no se realizaron?
Surge aquí otra pregunta más terrible: ¿experimentamos, acaso, una tendencia a identificar como culpables a los implicados que ?por la razón que sea? nos inspiran menos simpatía? ¿La culpa siempre la tiene el otro, el distinto, el adversario?
En este contexto, pueden insinuarse incómodas perplejidades. El jefe de gobierno fue destituido, entre gritos de "¡Asesino!", por su responsabilidad política, pero las víctimas ?por el hecho de serlo? parecen hallarse exentas de todo reproche en un hecho en el que algunas de ellas, al menos, participaron activamente. Los artistas son culpados por quienes toman en cuenta que la pirotecnia era un elemento habitual en sus presentaciones, pero defendidos por otros que exhiben camisetas con el nombre del grupo, lo que parece indicar una adhesión de origen ajeno al grado de participación causal en el hecho.
No pretendo aquí acusar ni defender a ninguna de las personas involucradas en el hecho: para eso están los tribunales. Sólo quiero llamar la atención acerca del modo poco racional con el que un concepto tan grave como el de "culpa" es manejado en el seno profundo de la opinión pública. Un famoso penalista alemán, Günther Jakobs, ha propuesto un "derecho penal del enemigo", que trata con menos garantías a quienes sean considerados opuestos al sistema central de convivencia. Cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos personales al distribuir las "culpas" de un hecho (práctica en la que el caso Cromagnon sirve apenas como ejemplo), ¿no estamos creando nuestro propio y caótico derecho penal del enemigo? ¿Queremos la misma justicia para todos, o ?como en tantos siglos anteriores? sólo buscamos defender a nuestros amigos y combatir a quienes concitan nuestro odio?
Tampoco lanzo con esto un reproche indiscriminado, porque todos somos víctimas de la vaguedad del lenguaje, fenómeno que alcanza, sin que lo advirtamos, a una gran cantidad de vocablos de la mayor importancia política y jurídica. Propongo, en cambio, que combatamos la ingenuidad lingüística, que en esta materia implica ingenuidad moral, política y jurídica, y así como miramos al trasluz los billetes para ver si son auténticos, nos cercioremos del significado de las palabras que usamos ?"culpa" entre otras muchas? para que su magia emotiva, equivalente al engaño del billete falso, no nos lleve a proclamar conclusiones cuyas premisas no estemos realmente dispuestos a sostener frente a otros desafíos. Esto es teoría, base indispensable de la práctica. Esto es filosofía del derecho, fundamento inevitable de cualquier opinión acerca de la ley y de su aplicación a los casos concretos.
El autor es director de la maestría en Filosofía del Derecho de la UBA y juez de la Nación
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Viernes 24 de octubre de 2008 Publicado en edición impresa
La primera enseñanza de la filosofía es que, si una pregunta no está bien formulada, es inútil buscarle respuesta. La segunda, que para formular correctamente una pregunta es preciso expresarla en palabras que todos puedan entender, cualesquiera que sean los intereses o los sentimientos con los que vaya a responderla. En un campo tan vinculado con intereses y sentimientos como es el derecho, esta depuración es bastante difícil y extraordinariamente rara.
Hace varios años, una catástrofe sucedió durante un concierto en un local llamado República Cromagnon. Hay una decisión judicial pendiente, pero innumerables ciudadanos han juzgado ya en su corazón. Cada uno ha identificado a una persona o a un grupo de personas como responsable o culpable del hecho.
¿Quién tuvo la culpa de Cromagnon? ¿El inconsciente entusiasta que tiró una bengala? ¿Los artistas o empresarios que acaso convocaban a arrojarlas? ¿El titular del local que instaló elementos combustibles? ¿Los bomberos o inspectores que, por ignorancia, negligencia o dolo, lo hayan permitido? ¿El que cerró una salida con candado? ¿El jefe de bomberos, que debía prevenir incendios? ¿El ex jefe de gobierno, responsable último de los inspectores? ¿Los asistentes, que se apiñaron en un lugar reducido, por lo que arriesgaron su vida y la de sus hijos pequeños?
Todos estos hechos, de ser confirmados, se hallan inscriptos en una interminable red de condiciones causales que, en su conjunto, determinaron la tragedia. No son los únicos, sin embargo. Alguien fabricó y vendió bengalas y elementos inflamables; alguien contrató a los inspectores; alguien votó al jefe de gobierno; alguien omitió educar a los jóvenes en principios y prácticas de prudencia en las aglomeraciones; algunos individuos, en ocasiones anteriores, aprovecharon la salida de emergencia para entrar sin pagar, lo que pudo influir como motivo para clausurar la abertura.
Las relaciones causales forman una espesa telaraña que, en teoría, abarca infinitos hechos dentro de un abanico abierto hacia el pasado. Entre todos ellos, elegimos alguno y, como nos parece relevante, lo llamamos "causa". Ninguno es, objetivamente, más ni menos condición causal que cualquier otro, pero uno o unos pocos suscitan nuestro interés, por razones políticas, morales, jurídicas o simplemente emotivas. Cuando la "causa" que hemos identificado se vincula con una consecuencia benéfica, la llamamos "mérito"; cuando la consecuencia es deplorable, la llamamos "culpa". Una vez aclarado el mecanismo, ¿quién o quiénes tienen la culpa de una tragedia como esa?
Los especialistas en derecho penal debaten acerca de una elaborada concepción de la culpabilidad, pero en el ámbito del discurso de los ciudadanos, mucho menos técnico, esta palabra deja un amplio campo a la selección de las condiciones causales (identificación de la causa) entre las numerosas que se hallen vinculadas con la conducta humana (requisito para convertir la causa en culpa).
¿Elegiremos como culpables a quienes introdujeron las condiciones más inmediatas? ¿A los que hicieron algo reprobable, cualquiera que fuere la cercanía de su relación causal con el resultado? ¿A los que han omitido impedir la catástrofe, aunque sea de manera poco inmediata? ¿Cómo valorar la incidencia que habrían tenido en el resultado las acciones que no se realizaron?
Surge aquí otra pregunta más terrible: ¿experimentamos, acaso, una tendencia a identificar como culpables a los implicados que ?por la razón que sea? nos inspiran menos simpatía? ¿La culpa siempre la tiene el otro, el distinto, el adversario?
En este contexto, pueden insinuarse incómodas perplejidades. El jefe de gobierno fue destituido, entre gritos de "¡Asesino!", por su responsabilidad política, pero las víctimas ?por el hecho de serlo? parecen hallarse exentas de todo reproche en un hecho en el que algunas de ellas, al menos, participaron activamente. Los artistas son culpados por quienes toman en cuenta que la pirotecnia era un elemento habitual en sus presentaciones, pero defendidos por otros que exhiben camisetas con el nombre del grupo, lo que parece indicar una adhesión de origen ajeno al grado de participación causal en el hecho.
No pretendo aquí acusar ni defender a ninguna de las personas involucradas en el hecho: para eso están los tribunales. Sólo quiero llamar la atención acerca del modo poco racional con el que un concepto tan grave como el de "culpa" es manejado en el seno profundo de la opinión pública. Un famoso penalista alemán, Günther Jakobs, ha propuesto un "derecho penal del enemigo", que trata con menos garantías a quienes sean considerados opuestos al sistema central de convivencia. Cuando nos dejamos llevar por nuestros sentimientos personales al distribuir las "culpas" de un hecho (práctica en la que el caso Cromagnon sirve apenas como ejemplo), ¿no estamos creando nuestro propio y caótico derecho penal del enemigo? ¿Queremos la misma justicia para todos, o ?como en tantos siglos anteriores? sólo buscamos defender a nuestros amigos y combatir a quienes concitan nuestro odio?
Tampoco lanzo con esto un reproche indiscriminado, porque todos somos víctimas de la vaguedad del lenguaje, fenómeno que alcanza, sin que lo advirtamos, a una gran cantidad de vocablos de la mayor importancia política y jurídica. Propongo, en cambio, que combatamos la ingenuidad lingüística, que en esta materia implica ingenuidad moral, política y jurídica, y así como miramos al trasluz los billetes para ver si son auténticos, nos cercioremos del significado de las palabras que usamos ?"culpa" entre otras muchas? para que su magia emotiva, equivalente al engaño del billete falso, no nos lleve a proclamar conclusiones cuyas premisas no estemos realmente dispuestos a sostener frente a otros desafíos. Esto es teoría, base indispensable de la práctica. Esto es filosofía del derecho, fundamento inevitable de cualquier opinión acerca de la ley y de su aplicación a los casos concretos.
El autor es director de la maestría en Filosofía del Derecho de la UBA y juez de la Nación
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